La Auditoría Superior del Estado observa 6.5 millones de pesos al Ayuntamiento de Tapachula. Se vincula con un presunto fraude por suplantación de identidad.
El Ayuntamiento de Tapachula, encabezado por Yamil Melgar, enfrenta un proceso de fiscalización crítico luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emitiera una observación por 6.5 millones de pesos que no han sido comprobados documentalmente. El recurso, perteneciente al erario municipal, se encuentra bajo investigación administrativa debido a presuntas transferencias irregulares.
De acuerdo con los lineamientos de fiscalización, el gobierno municipal cuenta con un plazo legal para presentar las pruebas que justifiquen el destino de los fondos. En caso de no acreditarse la legalidad del gasto, el Ayuntamiento deberá realizar el reintegro total del monto observado.
Antecedentes: El fraude de la suplantación de identidad
La falta de comprobación de estos recursos tiene como antecedente una denuncia presentada en diciembre de 2024. En aquel momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a un sujeto identificado como Luis “N”, quien presuntamente engañó a la administración municipal haciéndose pasar por un funcionario estatal vía telefónica.
Bajo el argumento de “sanear cuentas de gasto corriente”, se realizó una transferencia a una cuenta ajena al gobierno. Las investigaciones ministeriales han revelado que:
• El depósito se realizó mediante procedimientos que no cumplieron con los protocolos administrativos.
• Existe una red delictiva operando en varios estados bajo la modalidad de fraude institucional.
• Se investigan delitos de suplantación de identidad y estafas laborales vinculadas al caso.
Exigencia de transparencia en la administración de Yamil Melgar
A pesar de los procesos penales en curso, la ASE determinó que, en el ámbito administrativo, la responsabilidad de acreditar el destino del recurso recae en el Ayuntamiento. Este hallazgo ha desatado una ola de críticas por parte de la población de Tapachula, que señala una falta de controles internos y cuestiona el papel del cuerpo edilicio en la vigilancia del presupuesto.
Ciudadanos y sectores sociales han hecho un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se garantice que las investigaciones lleguen a las últimas consecuencias, evitando la impunidad en el manejo del patrimonio municipal.
