Sin lugar a dudas el inicio de 2026 en Chiapas es un mosaico de contrastes. Mientras la “Nueva ERA” promueve el “buen vivir” y proyecta a Tapachula como motor económico, los primeros días de enero recuerdan que los desafíos en seguridad y justicia siguen siendo asignaturas pendientes.

La tragedia marcó el calendario judicial. El caso de la abogada Fátima Maldonado en Ocosingo, bajo protocolo de feminicidio, y el parto de una menor de 13 años —que derivó en investigaciones por pederastia— exigen una protección real a las mujeres y a la infancia.

En cuanto a los temas relacionados con la corrupción, la detención del alcalde de Cintalapa Ernesto, de la Síndica Sally, así como su esposo Luis y su hijo Josue

 – que dicho sea de paso causaron un daño colateral al ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez—por el vínculo laboral y de amistad que alguna vez sostuvieron evidencian una crisis de integridad local. Aunque la Fiscalía actúa contra la impunidad, estos hechos revelan un deterioro institucional que urge sanar.

En salud, la vacunación contra el sarampión en 124 municipios responde al aumento de casos. Por otro lado, el Paquete Fiscal 2026 prioriza seguridad y educación, buscando que el crecimiento proyectado del dos por ciento, llegue realmente a los hogares chiapanecos.

Chiapas camina con la mirada puesta en las promesas de prosperidad y heridas abiertas. Para que el “buen vivir” no sea solo un eslogan, la justicia debe ser tan firme como la inversión. Merecemos que este 2026 la paz deje de ser una aspiración y se convierta en un derecho garantizado.