CIUDAD DE MÉXICO.– Para consolidar el desarrollo regional y la justicia social, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Esta estrategia contempla una inversión histórica, pública y mixta, de 5.6 billones de pesos destinada a ocho sectores estratégicos para el crecimiento nacional.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, se detalló que para este 2026, se inyectará un 2% adicional del PIB (equivalente a 722 mil millones de pesos) para fortalecer proyectos de energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

Un modelo de inversión con justicia social

A diferencia de administraciones pasadas, la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que este plan no se basa en concesiones que generen deuda pública excesiva. El nuevo modelo de inversión mixta busca la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y el sector social (ejidos y comunidades), manteniendo siempre la rectoría del Estado.

“La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya; es decir, crecimiento con justicia social”.

Claudia Sheinbaum

Los 4 pilares de la estrategia económica

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que se analizaron más de mil 500 proyectos para diseñar este plan, el cual se sostiene sobre cuatro ejes fundamentales:

1. Consejo de Planeación Estratégica: Priorización directa de proyectos por la Presidencia.

2. Nuevos Vehículos de Inversión: Esquemas especializados para mayor transparencia.

3. Actualización Normativa: Contratos mixtos que protegen las finanzas públicas.

4. Base de Datos Nacional: Información técnica para dar certidumbre a los inversionistas.

Impacto en el desarrollo regional y conectividad

Con esto se busca acelerar el Plan México, promoviendo que estados y municipios tengan una mayor conectividad. Según Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras, este modelo asegura que no se dependa de un solo presupuesto y que se compartan los beneficios económicos con la población.

Entre los beneficios directos señalados por la SHCP, destacan la creación de empleos bien remunerados, el fortalecimiento de la soberanía energética y la garantía de finanzas públicas sanas a largo plazo, consolidando lo que el Gobierno denomina “Prosperidad Compartida”.